El pasado 30 de junio finalizó el plazo de la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno para facilitar la situación administrativa de personas migrantes que ya residen en España. Este proceso se ha dirigido tanto a personas que se encontraban en situación administrativa irregular como a solicitantes de protección internacional, ofreciendo la posibilidad de acceder a una autorización de residencia y trabajo siempre que se cumplieran los requisitos establecidos en la normativa. La medida supone una oportunidad para avanzar hacia una mayor inclusión social y laboral de miles de personas que ya forman parte de nuestra sociedad y que, hasta ahora, encontraban importantes dificultades para acceder al empleo formal, la vivienda o determinados servicios y derechos básicos debido a su situación administrativa.
Según los datos disponibles, la convocatoria ha despertado un gran interés y se han registrado 1.174.968 solicitudes, lo que refleja la magnitud de la realidad migratoria en España y la necesidad de seguir desarrollando políticas que favorezcan la integración, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
Desde el Gobierno se ha defendido esta regularización extraordinaria de migrantes apelando a un tema de justicia social. La propia ministra, Elma Saiz, ha señalado que "España, que ya es un gran país, se convierte en un país mejor que reconoce derechos en lugar de recortarlos". Saiz también ha señalado que el proceso se ha realizado "con mucho trabajo y mucho cariño".
