Prestación ortoprotésica suplementaria ambulatoria del Servicio Canario de Salud.
Prestación destinada a la adquisición de audífonos para menores de 26 años, según publicación BOC. Los requisitos para su solicitud son los siguientes:
Para solicitar esta prestación es preciso presentar la solicitud, junto con la documentación que a continuación se detalla, en el Registro de la Dirección de Área de Salud correspondiente. También se puede hacer entrega de la solicitud en las dependencias de los Registros de las Unidades de Atención al Usuario de los Servicios Sanitarios. Documentación:
Para el reintegro de gastos:
Pueden solicitarla aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:
Acreditar una prescripción médica válida emitida por:
Línea de subvenciones para promover la inclusión laboral: un máximo de 1.440 € anuales por cada persona trabajadora con discapacidad contratada, financiando tanto centros como empresas que integran a este colectivo.
Además, existen ayudas para la contratación indefinida en empleo ordinario y para adaptar puestos en CEE.
Convocatoria 2025 dirigida por el Instituto Canario de la Vivienda en Gran Canaria, aprobada mediante Decreto nº 39/2025 (20 de junio de 2025), publicada en BOP el 27 de junio. Su objetivo es financiar obras para eliminar barreras físicas en la vivienda.
En Arrecife hay una bonificación del 90 % en el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) cuando las obras mejoran la accesibilidad o habitabilidad para personas con discapacidad.
Para hijos con una discapacidad mayor o igual al 65 %, las deducciones son de 600 € para el primer o segundo hijo con discapacidad y de 1.000 € si es el tercero o posterior.
Destinado a personas con discapacidad mayor o igual al 65 %, residentes en España, con ingresos bajos. La cantidad subvencionada es de 1.002 € anuales para movilidad, gestionado por los Servicios Sociales de Canarias.
El Cabildo subvenciona la movilidad de personas con discapacidad cubriendo los costes del servicio para más de 1.160 usuarios.
Establece como obligación pública la garantía al acceso en condiciones de justicia y equidad a servicios y prestaciones sociales, prestando atención prioritaria a personas con discapacidad y en situación de dependencia.
Regula los procedimientos para valorar y certificar el grado de discapacidad en Canarias, clave para acceder a múltiples ayudas y servicios.